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Las acciones que hasta ahora lleva a cabo el gobierno mexicano en materia de
investigación y desarrollo tecnológico resultan todavía insuficientes, a juzgar por
los indicadores del Proyecto Índice Global de Innovación (GII), lanzado a nivel
internacional en el 2007, que le otorga a México en el 2014 el lugar 66 (Cornell
University, INSEAD The Bussiness School for the World, & World Intellectual
Property Organization, 2014). Por su parte CONACYT, reporta que en México
están registradas 6,889 instituciones y empresas que realizan actividades
científicas y tecnológicas, de las cuales el 72.9% son empresas, 9.3% instituciones
privadas no lucrativas, 8.4% instituciones de enseñanza superior, 6.2% personas
físicas, el 2.2% instituciones y dependencias de administración pública, y el 1.1%
centros de investigación (CONACYT, 2014).
Los datos anteriores dan muestra que la investigación científica y la innovación
tecnológica son debidamente reconocidas como ingrediente crucial para cualquier
economía moderna, por ello, las organizaciones públicas y privadas han optado
por utilizar el
modelo de centro de investigación, desarrollo e innovación,
con el
propósito de catalizar la investigación científica y la innovación en sus respectivos
contextos. Éstos Centros, son definidos por la Ley de Ciencia y Tecnología como
entidades paraestatales que de acuerdo con su creación tienen como objeto
predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica (Diario
Oficial de la Federación, 2002).
De acuerdo con Rubio Castillo (2009), la razón de ser de los Centros de
Investigación, Desarrollo e Innovación es proveer soluciones de corte social,
político, económico, tecnológico o científico a los requerimientos de la sociedad,