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Arellano (2006) se refiere al Aparato Administrativo Mexicano como un constructo
social, producto de circunstancias particulares. En México, desde 1910, se ubica a
la burocracia como un apéndice flexible y manipulable del sistema político nacido
después de la Revolución. Pardo (2005) comenta que: “A partir de la Revolución y
mayormente en la posrevolución, el interés central fue la estabilidad política,
alentando la integración de agrupaciones formales que estuvieran bajo la égida del
sistema, preferentemente bajo la del partido oficial” (p.600).
Al respecto Arellano (2006) en esta misma línea de ideas, expone que:
“El arraigo del establecimiento de la vida administrativa y la vida
política como una conjunción en el manejo de la burocracia,
representó una actividad indispensable para alcanzar las
aspiraciones de los altos políticos, vista como una forma de obtener
recursos fiscales y burocráticos, dominando las reglas del juego”
(pp.217-218),
Así, el acceso a las plazas gubernamentales requería flexibilidad en los puestos
de confianza para ser ocupados y removidos fácilmente, de acuerdo a la rapidez
de las necesidades y cambios políticos (ver cuadro 1). El modelo de ingreso
culturalmente se asociaba a la discrecionalidad en el otorgamiento de cargos
públicos, bajo parámetros como:
•
La confianza.
•
El reconocimiento del mérito político.