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El informe que se generó, denominado Nuestro futuro común, fue presentado a
la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987, éste
advertía que la humanidad debía cambiar las modalidades de vida y de interacción
comercial si no deseaba el advenimiento de una era con inaceptables niveles de
sufrimiento humano y degradación ecológica.
En 1989, la Organización de las Naciones Unidas comenzó la planificación de la
Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en la que se trazaría los
principios para alcanzar un desarrollo sostenible. En ella estuvieron representados
178 gobiernos, incluidos 120 Jefes de Estado. Se trataba de encontrar modos de
traducir las buenas intenciones en medidas concretas y de que los gobiernos
firmaran acuerdos específicos para hacer frente a los grandes problemas
ambientales y de desarrollo.
Durante dos años, numerosos expertos en todo el mundo se dedicaron con ahínco
a la concertación de acuerdos que señalaron el camino a Río de Janeiro. Se obtuvo
una apertura sin precedentes del sistema internacional de negociaciones. Miles de
miembros de organizaciones no gubernamentales, grupos de empresarios,
docentes, asociaciones femeninas, grupos indígenas y otros colectivos
contribuyeron al proceso de Río de Janeiro.
En marzo de 1990, la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL) elevó a la consideración de los gobiernos de sus Estados
miembros una propuesta para el desarrollo de los países de América Latina y el