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Organizaciones de la Sociedad Civil trascienden su capacidad de organización,
así como su influencia, para lograr la cooperación no solo nacional, sino también
internacional, para hacer frente a todas las consecuencias que esa catástrofe
natural había causado. Así, a partir de ese momento y hasta las elecciones
presidenciales de 1988 en México, las OSC cobraron mayor presencia en la
participación política y social del país; además de que han crecido en número
desde entonces.
Ahora bien, resulta pertinente señalar que el marco legal bajo el que se regulan
estas organizaciones está dictado por la Ley Federal de Fomento a las Actividades
de la Sociedad Civil, creada desde el 2004 para: 1) estimular las actividades de las
OSC, 2) establecer los criterios para que puedan obtener dichos estímulos,
además de que 3) su contenido establece sus derechos y obligaciones (FUSDA,
2009).
Como parte de la contextualización de la asociación civil que se analiza en este
documento es conveniente tener en cuenta que este tipo de organización puede
ubicarse tanto en la categoría de las OSC, como en el conjunto de las
Instituciones sin Fines de Lucro o ISFL; por lo que además de la consideración del
conteo estadístico nacional que realiza el INEGI se puede decir que en un
contexto económico, legal-federal y estatal, existen también otros organismos que
influyen sobre las operaciones que realiza. Dichos organismos plantean los
métodos de revisión sobre el funcionamiento (Simon, 1988) de este tipo de
organizaciones. De esta manera, para tal propósito existen al menos tres
regulaciones principales que deben ser observadas: