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fortalecer las cadenas de valor agroalimentarias, lo que se ha venido reflejando si
bien no en una en una baja en los niveles de inventarios de granos y alimentos
que se producen a nivel mundial, si en un estancamiento de los mismos; esto
último grave y alarmante si consideramos que las necesidades relativas a la
alimentación son cada vez más crecientes, derivado entre otras cosas de un
acelerado desarrollo demográfico a nivel mundial (FAO, FIDA y PMA, 2012).
Ortega, León y Ramírez (2010), subrayan el papel que juega el Estado y sus
instituciones que es de gran importancia en la solución a la problemática
anteriormente referida, siendo actor principal a cargo del manejo y la dirección del
aspecto económico de una nación, y de su estructura administrativa que provee
los servicios, apoyos económicos y las condiciones necesarias del aspecto de
producción de alimentos y el de proveer los productos que son parte de nuestra
dieta diaria, y que resulte ser una actividad económica rentable.
A lo anterior y como ya se ha acotado, la problemática central radica en
la
capacidad que tenga el gobierno de adoptar las alternativas viables o
implementar las estrategias que hagan posible el fortalecer y ser más eficiente en
su gestión, surgiendo esta exigencia en términos de que la administración pública
deba recurrir a la utilización de herramientas o técnicas gerenciales que le
permitan enfrentar con éxito los requerimientos que son provenientes de parte de
los productores agropecuarios y pesqueros, y que a su vez le permita adoptar una
posición más competitiva.
Esto origina como resultado que al irse profundizando tanto en los problemas
como en las soluciones, se buscan alternativas cada vez más precisas y alineadas