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de economía, CONACYT, SAGARPA), así como programas sociales como el
programa Crezcamos Juntos y PROSPERA vienen soportados por los ingresos de
la RH. Todos estos son programas que impulsan las actividades productivas y
que por tanto pueden generar empleos formales o mejorar la condición de los
mismos, puesto que una de las condiciones para acceder o mantener el
financiamiento es contar con algún grado de formalidad. Estos deben
considerarse, por tanto, incentivos positivos a la formalidad.
Así pues, el gobierno mexicano en su afán de garantizar el crecimiento
económico y el aumento del empleo formal ha seguido políticas ortodoxas de
flexibilización de la economía y de incentivos positivos a la formalidad y negativos
a la informalidad. Algunas cifras parecerían indicar que este objetivo se está
alcanzando “El IMSS reportó que el número total de trabajadores asegurados
(permanentes y eventuales, tanto urbanos como del campo) sumó 17.299 millones
en diciembre, equivalente a un incremento mensual de 59,784 plazas laborales”
(NOTIMEX, 2015). Adicionalmente, cifras pre-eliminares ofrecidas por el SAT
indicarían que el registro de contribuyentes al RIF es mayor respecto a
REPECOS; en 2013 el padrón estaba compuesto de 3886294 mientras que a
inicios del 2015 se componía de 4, 356,478 (CEFP; 2015).Esto repercute en los
niveles de ocupación y empleo; de acuerdo a los reportes del mes de junio del
2015 de INEGI la tasa de desempleo era del 4.4% lo que sitúa a México en tercer
lugar de entre los países miembros de la OCDE con la menor tasa de desempleo,
sólo antecedidos por Japón con 3.5% y Corea con 3.9% (NOTIMEX, 2015).