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Según De la Rosa (2010), ante la crisis de la forma de organización burocrática y
la legitimidad del papel del Estado que se dio lugar en las últimas décadas, se
generalizó el pensamiento de que el Gobierno debería de dejar de ser un
propietario y prestador de servicios para convertirse en un promotor, articulador y
regulador de esfuerzos productivos. Trascendiendo en el entorno a la ineficiencia y
las carencias técnicas administrativas para afrontar la complejidad de la gestión de
los problemas públicos, dando origen al concepto de la nueva gestión pública.
La ideas de gobernanza sin gobierno, los estados y gobiernos vacíos, y estados y
economías negociados, está convirtiéndose en el modelo dominante de la gestión
en las economías industriales avanzadas, donde se afirma que los agentes
sociales influyen cada vez más en la política y la administración, de una forma en
la que nunca se había visto con anterioridad. En esta concepción que tiene su
origen principalmente en Inglaterra y los países bajos, se visualiza un gobierno
más debilitado e incapaz de regir como en el pasado, considerando que el
concepto tradicional de gobierno como ente de control y ordenanza de la sociedad
está pasado de moda. Por lo que la realidad a la que se enfrenta la gestión de los
asuntos públicos tiene latente una fuerte necesidad de innovar, utilizando e
implementando una serie de instrumentos y mecanismos nuevos que permitan
enfrentar los cambios de manera más satisfactoria, en los que se tenga un mayor
énfasis a aspectos como el tamaño, el costo y la eficacia del aparato
gubernamental (Lyn y Wilson, 1999, citado por Méndez y Becerril, 2005).