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cargo de instituciones que se sustentan en estrategias que van desde el
mejoramiento de la gestión pública (PMG), hasta un esquema de presupuesto
basado en resultados (PBR) y de evaluación de desempeño (SED) (Sánchez,
2009). Dichos programas se han diseñado bajo la óptica de que, por un lado, se
considera el establecimiento de una mejora de la calidad de los bienes y servicios
públicos, el incremento en los niveles de productividad de las instituciones, la
reducción de costos soportada por la optimización de recursos y la eficiencia en la
operación de procesos, así como en la evaluación del desempeño de las
instituciones, y por otro, la implementación de un esquema de gestión pública
basada en el incentivo del logro de resultados. Para lo que se necesita
reestructurar todo lo relacionado con la toma de decisiones y las acciones de
planeación, presupuesto y ejecución del gasto, con una acentuación marcada en
la evaluación de los programas a cargo del gobierno. En México la administración
pública dista mucho de la modernización real que requiere el siglo XXI (Flores y
Espejel, 2009), y se pretendería decir que esta se encuentra sujeta a las
necesidades de poder y ha sido utilizada en la consecución de un sistema político
en el que se premia a la lealtad personal y existe un reparto político de beneficios
(Sánchez, 2009). En la figura 1 se esquematiza el proceso presupuestario en la
administración pública, el cual se puede concebir cíclicamente y que observa una
asignación de recursos hacia a aquellos bienes y servicios públicos que resultan
prioritarios y estratégicos para obtener los resultados esperados.