Los objetivos principales en una institución educativa de nivel superior pública
eran principalmente el ofrecer conocimientos, herramientas, conductas y
habilidades a todo individuo que desee adquirirlo, obteniendo con ello una
formación que le permita integrarse a la sociedad dentro de sus diferentes círculos
de desarrollo(Gibbons, y otros, 1997).
A partir de los años 90’s en México se impulsó un conjunto de políticas en busca
de mejorar la calidad de la educación superior, privilegiando a las instituciones
evaluadas (acreditadas) con mayor financiamiento(Buendía Espinosa, 2011).De
estos mecanismos se plantea a las organizaciones educativas la necesidad de
acoplarse y proponer objetivos comunes que les permitan mejorar su calidad y
eficiencia.
De ello parten los nuevos objetivos de las instituciones de educación superior pues
se les plantea la necesidad de participar en las nuevas formas de producción de
conocimiento donde se promueve las relaciones entre la ciencia y la sociedad que
incluyen criterios de calidad adicionales como eficiencia o la utilidad definidas en
función de la solución de problemas socialmente relevantes(Fernández, 1994).
Estos cambios tan significativos Andión(2007) expone que están relacionados con
la tendencia mundial sobre el aseguramiento de la calidad educativa que plantea
impulsar la transparencia y rendición de cuentas, estimular la competitividad inter
e intrainstitucional, apoyar la trasferencia de recursos entre el Estado y las
instituciones, efectuar comparaciones internacionales y facilitar la movilidad