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Es cierto que las reformas legales y los plazos para concluir el proceso de
armonización contable y con ello, la adopción en todos los estados de la república
mexicana y sus municipios, además de haber sido gradual ha tenido que
prolongarse, ampliando los plazos para su adopción primero de 2010 a 2012 y
posteriormente al primer semestre de 2014 para las entidades federativas y a junio
de 2015 para las administraciones públicas municipales (Acuerdo 1 del Consejo
Nacional de Armonización Contable CONAC del 16 mayo de 2013). .
Sin embargo, el gobierno federal y el sector público mexicano en su conjunto
continúan padeciendo los procesos del ejercicio de una administración pública
tradicional y de la cultura política basada en el poder del estado benefactor,
centralización de las decisiones con altos índices de corrupción, aun cuando se
cuenta con una Sistema Nacional de Gestión Pública normado jurídicamente y con
sistemas de información del gobierno federal, adecuados a la GpR, al PbR, al
SED, a la Contabilidad Gubernamental armonizada, así como a los mecanismos y
sistemas de rendición de cuentas, impulsados por una reciente Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información (4 de mayo de 2015) y mejoras a los
procesos de la Auditoría Superior de la Federación; situación que resulta en el
aplazamiento indefinido de la adopción de la cultura institucional y ciudadana, sin
corrupción y orientada al desarrollo social, económico, político y cultural y basada
en resultados.