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Otro aspecto que intentamos subrayar es la insuficiencia en el trabajo de la
Inspección del Trabajo, lo que desnuda la negligencia estatal y la ausencia de
regulación. En este caldo de cultivo, en el que se ha avanzado de manera decisiva
en los últimos 20 años -para Bailleres, período de aplauso-, la RSE se presenta
como iniciativa del capital en la que los límites son marcados bajo la lógica del
capital de manera autónoma, al definir lo que se debe evaluar, los mecanismos de
evaluación y a los evaluadores. Un sistema que se reproduce a sí mismo.
No podemos concluir sin hacer una nueva referencia a la distancia entre las
fortunas de los millonarios de México ligados a la actividad minera frente a los
ingresos de los trabajadores mineros. Una situación polar que exige la
incorporación –para entender lo que está pasando- de las clases sociales, la
disputa entre éstas, la explotación, la dirección de la acción estatal y el peso de las
organizaciones sindicales como mecanismos de control de los trabajadores, más
allá de los matices que pueden estar presentes entre las diferentes organizaciones
sindicales –unas francamente volcadas como sindicatos de empresa, otros con
una tibia distancia frente a la dirección corporativa-. El gran capital como actor
activo en el proceso de despojo. No se aparta de esto la alocución de Gerardo
Gutiérrez Candiani (en ese momento presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, nada menos que el órgano cupular del sector privado), de vetar la
obligatoriedad en la consulta a los pueblos indígenas, principales sujetos de la
rapacidad empresarial, lloviendo sobre mojado en las venas abiertas de América
Latina. Vale señalar que la postura de Gutiérrez Candiani es la postura del capital,
apoyada por el bloque de la clase política, en general, del movimiento obrero