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Desde hace décadas se pregona la necesidad de atemperar la desigualdad y de
crear condiciones propicias para que las personas tengan las mismas
posibilidades de salud, educación y trabajo. Para conquistar la anhelada justicia
social algunos reclaman igualdad y otros prefieren hablar de equidad (Miller, 2007
y Fernández, 2013). Ambos autores establecen diferencias en los conceptos y
coinciden en el hecho de que en una sociedad con tan marcadas diferencias en
las condiciones de vida lo deseable e| imperativo es crear mecanismos
compensatorios que ayuden a ofrecer las mismas oportunidades de preparación
para todos aquellos que lo deseen sin importar su origen social o condición
socioeconómica.
Para Miller (2013, p. 12) es necesario diferenciar entre el “ánimo integrador”,
basado en la igualdad de los miembros de una sociedad, y el “ánimo inclusivo”,
que se sustenta en el principio de justicia social.
El primero tiene como sustento los principios de igualdad “abstracta”, legal,
en la que todos los miembros de un conjunto social se ven con los mismos
derechos y obligaciones. Según esta postura, cualquier recurso social,
incluida la educación, debe ser distribuido por igual, pero este principio dio
saldos desiguales y muchas veces injustos (Miller, 2009, p. 12).
Miller (2013) expresa que el pensamiento social y político se ha ido nutriendo con
nuevos eventos e ideas que están dando forma a una visión intercultural que hace
hincapié no en la igualdad sino en la diferencia. Esto pone de relieve la necesidad
de un pensamiento y acción más inclusivos, que den oportunidades de superación
a todos tomando como punto de partida las diferencias raciales y socioeconómicas
que prevalecen en el seno de la sociedad. Precisamente por el hecho de ser