Versión de HTML Básico
distintos y por la precariedad que sufren, las personas y grupos sociales
marginados requieren políticas públicas que subsanen tales diferencias.
Por su parte, Fernández (2013, p. 206) expresa que la mayor parte de los debates
sobre la estructura educativa descansan en concepciones igualitarias o
meritocráticas de la justicia escolar y defiende la tesis de que nuestras sociedades
sostienen ideas de justicia social que, aunque sea en distintos grados, combinan
los criterios de igualdad (derecho a un acceso igual a los recursos) y equidad
(derecho a una compensación según la contribución). Para él los educadores
tienen que sustentar el quehacer formativo combinando igualdad y equidad. Sin
embargo, argumenta, que no se pueden perder de vista los casos “…de quienes,
desfavorecidos por la naturaleza o por la historia, se verían condenados a una
posición de desventaja por un tratamiento formalmente igual, requiriendo por tanto
un esfuerzo compensatorio, de solidaridad”.
No debe olvidarse, reitera el autor, que los resultados escolares son al final de
cuentas producto de la combinación de la escuela, el medio familiar y las
características individuales, de ahí la importancia de contar con mecanismos
compensatorios que incrementen las oportunidades para los estratos más
desfavorecidos y vulnerables de la población.
En ese tenor, los programas de becas, como Pronabes, se convierten en uno de
los principales instrumentos para que los alumnos de extracción humilde puedan
permanecer en la educación y concluir sus estudios. Las becas son uno de los
principales mecanismos compensatorios de las desigualdades sociales (González,