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Lo anterior cobra sentido si se toma en cuenta lo descrito por Arriaga (2002), que
menciona que la medición del desempeño es en si el esfuerzo que de manera
sistemática una organización emplea para evaluar su gestión la cual orienta al
cumplimiento de su misión, a través de la optimización de sus procesos.
Sin embargo, Uvalle (2004) sostiene que más allá de los conceptos de eficiencia y
eficacia, el arquetipo que deriva como la administración pública puede tener la
capacidad de fortalecer la legitimidad de los resultados es inherente a los valores
democráticos, para lo cual en el desempeño de la democracia trae implícito el que
se obtengan resultados específicos, que sean relevantes y corroborados para que
la sociedad le brinde su aprobación y ratifique su lealtad para con las instituciones
administrativas.
De igual forma, el desempeño de las instituciones administrativas insertas en la
sociedad contemporánea, es una asignación que exige, además de eficacia,
responsabilidad (Uvalle, 2004). De acuerdo con Porter y Kramer (2006), llevar a
cabo la medición del desempeño social y hacerlo público es una manera
potencialmente eficaz de influir en la conducta corporativa, siempre y cuando los
índices se midan de manera consistente, y estos reflejen apropiadamente cual es
el impacto social corporativo. Lo anterior nos hace pensar en la importancia de
contar con indicadores de desempeño claros y pertinentes. Si se pone en contexto
lo escrito por Bonnefoy y Armijo (2005), queda en evidencia que en la
administración pública su desempeño global es resultado de la relación entre los
factores de eficiencia, eficacia, calidad y economía, donde para su medición es